Una reforma fiscal es un proceso o una
disposición que modifica la legislación impositiva. Al hablar de tributación,
se hace referencia a los impuestos que las personas, empresas u organizaciones
deben pagar al Estado por distintos aspectos. Por ejemplo: tener una propiedad,
utilizar un servicio o comprar un producto, llevar a cabo una actividad, etc.
Estos pagos constituyen la mayoría de los ingresos del Estado; con los cuales
deben de ser destinado a realizar inversión social y de infraestructura, pagar
sus gastos administrativos, etc.
Al hablar de reforma fiscal en el país enseguida crea temor,
incertidumbre, pánico etc. y no debe ser así, pero es la experiencia que hemos
tenido en la historia impositiva de nuestro país, a través de la cual no se ha
resuelto nada, al contrario, hemos ido en retroceso y vemos como nuestro
salario se ha ido reduciendo producto de la mala orientación que se le ha dado
a las supuestas reformas fiscales que hemos vivido.
Durante los últimos 11 años se han aplicado seis reformas
fiscales, que en el caso de nuestro país implican nuevos impuestos y/o
incrementos de tasas impositivas; en promedio, una reforma fiscal cada dos
años. Sin embargo, no han sido suficientes todas las medidas e incrementos de
impuestos para financiar un gasto público cada vez mayor.
Al hablar de reforma
fiscal en el país enseguida crea temor, incertidumbre, pánico, etc.
Para que una reforma fiscal sea efectiva debe cumplir por lo
menos tres objetivos fundamentales: el primero, sin dudas, fortalecer la capacidad
del Estado Dominicano, para que este pueda llevar a cabo sus objetivos:
educación, salud e infraestructura que nos lleven al crecimiento. Segundo, para
tener un sistema más justo, un sistema donde paguen los que ganan más y
contribuyan más al gasto público. Y tercero realizar una reforma que nos dé más
competitividad y eso tiene que ver con tener un sistema tributario más simple,
un sistema que le cueste menos a las empresas y clase trabajadora.
Estoy muy claro que contribuir a las cargas públicas es un deber
constitucional de todo ciudadano, pero estos deben ser en proporción a su
capacidad contributiva, y a la vez estos sacrificios económicos han de ser
revertidos en protección social, cumpliendo con el principio de universalidad
para beneficiar sin discriminación de ningún tipo a todos los ciudadanos y
ciudadanas, bajo el criterio de que los recursos humanos constituyen la mayor
riqueza de nuestra nación.
Hay que ser muy claro, mientras no se revise a fondo en qué,
cuánto y cómo gasta el gobierno, y mientras no se corrijan los excesos y
defectos en materia de dicho gasto, poner más recursos en manos de los
burócratas sería tanto como echarle dinero a un barril sin fondo, algo que,
quienes aportamos esos recursos, no debemos permitir. La reforma fiscal, o es
primero presupuestaria, y solamente después tributaria, o no será la correcta.
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