Se conoce con el nombre de población económicamente activa al conjunto de la población que a partir y hasta
la edad que cada Estado fija como límites mínimo y máximo para ingresar y egresar al mundo laboral, se encuentra efectivamente trabajando o está buscando activamente un puesto de trabajo.
Investigar este índice proporciona datos relevantes sobre el grado de desarrollo del lugar en cuestión, este índice está integrado por quienes están trabajando y por los desempleados. No forman parte de la población económicamente activa, aquellos que, a pesar de cobrar una remuneración, no producen como los pasivos (jubilados y pensionados); aquellos que no cobran salario: los estudiantes en general y niños en la etapa de escolarización obligatoria, las amas de casa; y los que poseen otras fuentes de ingreso como los que viven de renta.
Entre junio del 2014 y marzo del 2017, la Población Económicamente Activa (PEA) aumentó en 5.5% pasando de 4, 368,531 a 4, 610,967 personas. Por otro lado el número de ocupados aumentó en un 8.91% pasando de 3, 984,048 a 4, 338,991. La diferencia en el ritmo de crecimiento de ambos indicadores se ha traducido en una disminución del número de desocupados en 112,508 personas. Sin embargo, esta estadística no toma en cuenta a las personas desalentadas, que son aquellas que han dejado de buscar trabajo pero están dispuestas a laborar si son requeridas. A marzo del 2017, la población económicamente activa (mayores de 15 años), representó el 45.5% de la población total (Fuente: elaboración de CREES con información del Banco Central de la RD).
Del universo de trabajadores formales registrados en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (IDSS), apenas el 20% devenga salarios que alcanzan para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, ¿qué nos dice esto?, que a pesar que hemos reducido el desempleo, esto no es suficiente si la mayoría de los nuevos empleos son de baja calidad, y si los nuevos salarios no sobre pasan con creces el costo de la canasta familiar.
La mejor política social de un gobierno es la creación de condiciones para la generación de empleos formales en procesos productivos que agreguen valor. En este sentido, las políticas públicas deben dirigirse a generar un ambiente propicio para el ahorro, la inversión y la producción. República Dominicana debe encaminarse a aplicar un conjunto de reformas en distintos ámbitos para crear esas condiciones incluyendo una reforma profunda al Código Laboral.
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